Clara González de Behringer

Entre las figuras más destacadas de la jurisprudencia y el activismo social en Panamá, Clara González de Behringer emergió como la primera abogada panameña y una impulsora de reformas que ampliaron los derechos de las mujeres y de la infancia. Su trayectoria, que combinó aula, investigación y acción cívica, dejó un legado visible en instituciones y prácticas que buscan una ciudadanía más plena. Nacida a fines del siglo XIX, su vida estuvo marcada por desafíos personales y una determinación que transformó su país.

Entre las figuras más destacadas de la jurisprudencia y el activismo social en Panamá, Clara González de Behringer emergió como la primera abogada panameña y una impulsora de reformas que ampliaron los derechos de las mujeres y de la infancia. Su trayectoria, que combinó aula, investigación y acción cívica, dejó un legado visible en instituciones y prácticas que buscan una ciudadanía más plena. Nacida a fines del siglo XIX, su vida estuvo marcada por desafíos personales y una determinación que transformó su país.

Primeros años

Clara González nació en Remedios, una localidad de la provincia de Chiriquí, el 11 de septiembre de 1898, en un entorno rural y heterogéneo. Criada en un hogar donde convivían tradiciones y necesidades, tuvo como padre a un artesano que trabajaba la madera y como madre a una mujer de origen español; la situación económica de la familia fue precaria desde temprano. La época de su infancia coincidió con la agitación bélica de la Guerra de los Mil Días, un conflicto que obligó a la familia a abandonar temporalmente su tierra y buscar refugio en Costa Rica durante los años 1900 a 1904. En ese exilio, nació su hermano Sabino, que acompaño el volver a casa años más tarde.

Al regresar a Panamá, la familia enfrentó nuevamente la carencia y la lucha por la subsistencia. La madre, Basilia Carrillo, tomó la decisión de trasladarse a la capital para intentar mejorar las condiciones de vida de los suyos, en un contexto marcado por tensiones familiares y por las circunstancias de violencia que golpeaban de manera desigual a las mujeres de ese entonces. La experiencia de la juventud de Clara estuvo atravesada por la necesidad de salir adelante, de buscar educación y de confrontar un mundo que, en aquellos años, custodiaba menos derechos para las mujeres.

Con el afán de convertir su vocación en una realidad, Clara obtuvo el título de maestra de primaria en 1918 tras completar la formación en la Escuela Normal de Santiago, una piedra angular para su futura obra educativa y jurídica. A partir de esa base, dio el salto hacia los estudios de derecho en la Escuela Nacional de Derecho en 1919, iniciando un recorrido que combinaría la enseñanza y el análisis crítico de la normativa vigente. En paralelo, ejerció como docente en la Escuela Manuel José Hurtado, una experiencia que forjó su sensibilidad social y su compromiso con la formación de las nuevas generaciones.

Vida profesional

En los años 20, Clara dio forma a una iniciativa feminista que buscaba ampliar la presencia de las mujeres en la vida pública y abrir cauces para el sufragio femenino. Junto con otras pensadoras y activistas, dio vida al movimiento Renovación, que más tarde derivó en una línea política organizada como Partido Nacional Feminista (PNF). Este período fue clave para articular una agenda de participación política y social que desbordara los límites de la mera educación femenina y se enfocara en cambios institucionales sostenidos.

Además de la acción colectiva, González impulsó la creación de la Escuela de Cultura Femenina (1923-1930), un espacio de formación donde mujeres y aliadas impartían conocimientos de política, historia y civismo, entre otras temáticas, con miras a empoderar a la ciudadanía femenina y a promover una visión crítica de la sociedad. Su visión pedagógica le llevó a proponer y sostener proyectos educativos que nutrieron el desarrollo profesional de mujeres de diversas edades y contextos.

El avance legal para las mujeres estuvo acompañado de un obstáculo institucional. A pesar de haber concluido sus estudios de abogacía en 1922, Clara tuvo que esperar para ejercer como abogada litigante hasta 1925, cuando el presidente Belisario Porras aprobó la Ley 55 del 17 de diciembre de 1924, que abrió la posibilidad a las mujeres de ejercer la profesión. La pugna por el reconocimiento profesional no estuvo exenta de fricciones políticas, y hay testimonios que señalan que ella respondió con una insistencia que sorprendió a las autoridades, dejando claro que la lucha era por derechos concretos y no por gestos simbólicos.

En 1927, con la obtención de una beca, viajó hacia Estados Unidos para enriquecer su formación. En la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, se centró en comprender a fondo los sistemas penales modernos, con especial atención a las prácticas referentes a mujeres y menores infractores. Culminó sus estudios en 1929 y se convirtió en la primera representante de Panamá ante la Comisión Interamericana de Mujeres, la organización pionera a nivel mundial dedicada a la defensa de los derechos femeninos, entre otros principios de ciudadanía.

Al regresar a Panamá en 1930, retomó la labor docente en el Instituto Nacional de Panamá, donde dejó huella entre quienes serían las futuras figuras de la educación nacional. Una de sus alumnas destacadas fue Carmen Miró. Durante los años que siguieron, llevó la docencia en ese centro hasta 1937 y, con la creación de la Universidad de Panamá en 1935, presentó un proyecto de gran alcance: la Escuela de Servicio Social, cuyo deseo fue dotar a la nación de profesionales formados para atender las problemáticas sociales desde un enfoque interdisciplinario. Este proyecto no se cristalizó de inmediato, pero sentó las bases para una oferta académica centrada en servicios a la comunidad que solo se hizo realidad en 1947.

En la Universidad de Panamá enriqueció la enseñanza con materias como criminología, derecho de familia y justicia juvenil, un trinomio temático que reflejaba su convicción de que la ley debe entenderse en su contexto social. En 1930, publicó un ensayo que marcó su pensamiento en la materia: Las Cortes Juveniles y el sistema de libertad vigilada. En ese texto, describió una concepción de la criminología como una disciplina interdisciplinaria que integraba derecho, sociología, trabajo social, biología y psicología para abordar la delincuencia juvenil con un enfoque preventivo y protector, en lugar de punitivo. Este marco teórico dio impulso a la idea de una jurisdicción especial tutelar para menores, cuyo objetivo era apartar al menor del sistema penal y orientarlo hacia medidas de protección del Estado.

La labor de González en este ámbito cristalizó en la organización del Tribunal Tutelar de Menores, considerada su logro cardinal. Su sede principal se ubicó en el Chorrillo, y el cuerpo judicial —un único juez o jueza— tuvo la misión de atender a menores de 18 años con conductas problemáticas, así como a menores desamparados, maltratados o víctimas de explotación. El tribunal también se ocupó de casos de adopción, filiación y patria potestad, y respondió a infracciones cometidas por mayores que afectaran a los derechos de los menores. Este diseño institucional marcó un giro decisivo hacia un modelo de protección y supervisión estatal en materia de infancias y adolescencia.

Logros y legado

• 1922: Clara González se gradúa en derecho y se convierte en la primera abogada de Panamá, abriendo la senda para las generaciones siguientes.
• 1924–1927: Contribuye a afianzar el movimiento feminista y a consolidar el Partido Nacional Feminista, promoviendo la participación política de las mujeres.
• 1923–1930: Desarrolla la Escuela de Cultura Femenina para promover formación cívica, política y profesional entre las mujeres panameñas.
• 1925: Se incorpora al ejercicio profesional gracias a la modificación legal que autoriza a las mujeres a ejercer la abogacía.
• 1927–1929: Realiza estudios en la Univ. de Nueva York y representa a Panamá ante la Comisión Interamericana de Mujeres, afianzando el papel del país en la defensa de los derechos de la mujer.
• 1930–1937: Retorna a la docencia en el Instituto Nacional y, entre 1935 y 1947, propone y cataliza la creación de la Escuela de Servicio Social dentro de una nueva Universidad, que se materializaría después.
• 1930: Publica un ensayo que articula una visión criminológica integradora y anticipa la idea de una justicia juvenil tutelar como respuesta sociológica a la delito.
• Tribunal Tutelar de Menores: Organiza y dirige la institución, estableciendo una jurisdicción específica para menores y delineando competencias en adopciones, filiación y responsabilidad parental, con un enfoque preventivo y protector.
• 1964: Recluye su actividad profesional tras décadas de servicio público y académico, cerrando una etapa decisiva para la justicia social panameña.
• 1990: Su legado permanece como modelo de intervención institucional en derechos de la infancia, mujeres y educación cívica, incluso después de la invasión que marcó el final de la década anterior.

Clara González de Behringer dejó, a lo largo de su vida, una impronta de innovación pedagógica y de defensa de derechos que trasciende generaciones. Su visión de la criminología como puente entre derecho, sociedad y bienestar infantil se convirtió en un marco de referencia para políticas públicas y para la formación de profesionales dispuestos a cuestionar estructuras y a proponer respuestas más humanas. Su figura, además, simboliza la posibilidad de transformar conflictos sociales complejos en oportunidades para construir instituciones más justas y eficaces.

Con la llegada de la década de los 60, la jubilación de González cerró un capítulo de intensa labor educativa y jurídica. Sin embargo, su influencia se mantuvo viva en las aulas de la Universidad de Panamá, en las prácticas del Tribunal Tutelar y en la memoria de quienes entendieron que el derecho no es sólo norma, sino compromiso con la dignidad de las personas. Cuando Panamá enfrentó la invasión de 1989, el ejemplo de su trayectoria ofrecía una referencia sólida sobre la importancia de la protección de la infancia y de la participación ciudadana para la construcción de una nación más equitativa.