Luis Arce

Luis Alberto Arce Catacora, nacido en La Paz el 28 de septiembre de 1963, ha desarrollado una trayectoria marcada por la intersección entre la economía técnica, la enseñanza universitaria y la política nacional. A lo largo de décadas, ha alternado roles de catedrático con responsabilidades de gestión pública, destacando por impulsar políticas que, desde la academia y la administración, buscaban articular desarrollo, equidad y estabilidad macroeconómica en Bolivia. Su carrera se ha desplegado en momentos cruciales para el país, ubicándolo como una figura central en la historia reciente de Bolivia.

Luis Alberto Arce Catacora, nacido en La Paz el 28 de septiembre de 1963, ha desarrollado una trayectoria marcada por la intersección entre la economía técnica, la enseñanza universitaria y la política nacional. A lo largo de décadas, ha alternado roles de catedrático con responsabilidades de gestión pública, destacando por impulsar políticas que, desde la academia y la administración, buscaban articular desarrollo, equidad y estabilidad macroeconómica en Bolivia. Su carrera se ha desplegado en momentos cruciales para el país, ubicándolo como una figura central en la historia reciente de Bolivia.

Primeros años

El futuro economista nació en una ciudad caracterizada por su actividad cultural e intelectual, en el seno de una familia de docentes que transmitió el valor de la educación como motor de progreso. Su formación escolar transcurrió en un marco de relativa normalidad para la época, y a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta se fue forjando una vocación que combinaría técnica y servicio público. En la adolescencia y juventud temprana, adquirió una clara orientación hacia las ciencias económicas y la contabilidad, caminos que luego se convertirían en el eje de su trayectoria profesional.

Inició estudios superiores en un centro dedicado a la formación bancaria de la ciudad, donde obtuvo, en una primera etapa, la calificación de contador general. Este paso le permitía asentar una base sólida en el manejo de cifras y políticas fiscales, así como entender las complejidades de los balances y la administración financiera del sector público. Posteriormente, decidió profundizar su aprendizaje en una casa de estudios superior de gran prestigio, orientándose hacia la economía como disciplina central. Allí culminó su licenciatura en economía, consolidando una visión analítica que combinaría con su interés por la política económica de su país.

Con mirada situada en el desempeño práctico, enriqueció su formación con una experiencia internacional: una maestría en Ciencias Económicas en una universidad británica de renombre. Este periodo de perfeccionamiento, desarrollado durante varios semestres, le dio herramientas para entender dinámicas globales y las diversas herramientas de política económica que podían aplicarse a economías en desarrollo. A la vez, fue ampliando su red académica mediante la obtención de títulos de doctorado honoris causa otorgados por distintas universidades y centros educativos, reconocimiento a su labor académica y su aporte al pensamiento económico regional.

Vida laboral

La mayor parte de su carrera profesional se desarrolló en el ámbito de la función pública, especialmente vinculada a la planificación y la regulación macroeconómica del país. Su entrada formal al servicio público ocurrió a mediados de los años ochenta, cuando se incorporó a una institución central de la vida financiera nacional, donde comenzó a trazar un itinerario de ascensos y responsabilidades que lo acercaron a la toma de decisiones de mayor impacto. Con el tiempo, ocupó puestos que le permitieron coordinar operaciones internacionales y gestionar reservas, así como liderar áreas de información y análisis dentro de la entidad central. Estas labores fueron la base para entender la interacción entre política monetaria, tipo de cambio y balances externos, aspectos que luego resultarían decisivos en su trayectoria posterior.

Paralelamente a su labor dentro de la institución financiera, cultivó una faceta educativa significativa. Dictó cátedras de pregrado y posgrado en distintas universidades públicas y privadas del país, impartiendo temáticas de desarrollo económico, economía monetaria y políticas públicas. Su actividad docente incluyó programas de posgrado en centros de gran reconocimiento, a la vez que participó como ponente en conferencias y seminarios en universidades de Europa, América del Norte y América Latina. Este magro de experiencias docentes le permitió transformar la investigación teórica en insumos prácticos para la toma de decisiones en la gestión pública y en el sector privado.

Ministro de Economía

En enero de 2006, el líder del gobierno en ese momento lo designó como head de la cartera de Hacienda, marcando el inicio de una etapa prolongada de gestión ministerial. Su primer encargo ministerial coincidía con un periodo de cambios institucionales y de reorientación de la economía boliviana. Tres años después, el ministerio recibió una nueva denominación, y él pasó a encabezar la cartera que agrupa las políticas económicas y el manejo de las finanzas públicas. En ese tramo, su gestión fue reconocida por parte de analistas internacionales como un motor clave en la recuperación y el fortalecimiento de la economía nacional.

Entre las políticas destacadas de su mandato se cuentan decisiones orientadas a estimular el mercado interno, estabilizar el tipo de cambio y avanzar en un proceso de industrialización de recursos naturales estratégicos. Este marco buscó convertir la economía en un modelo social y productivo, cuyo centro fuera el bienestar de las comunidades y la reducción de la pobreza. En evaluaciones de instituciones y publicaciones especializadas, se le destacó por haber conducido procesos que, según distintas observaciones, contribuyeron a sostener un crecimiento económico durante un periodo de cambios estructurales y tecnológicos en el país.

Durante su paso por la gestión ministerial, la economía boliviana logró avances significativos en indicadores sociales y fiscales. Entre los logros citados se encuentra una notable reducción de la pobreza y un crecimiento de la actividad productiva, además de una menor tasa de inflación en determinados años, así como una mayor resiliencia ante choques externos. Estas tendencias ayudaron a posicionar a Bolivia como un caso de estudio para políticas de desarrollo con fuerte componente social y una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía.

La salud, sin embargo, interrumpió su trayectoria en el cargo. En 2017 tuvo que apartarse por motivos de salud derivados de una enfermedad renal, lo que obligó a delegar temporalmente sus funciones a un viceministro. Tras superar aquella etapa, regresó al ministerio a inicios de 2019, en medio de una crisis política y social que marcaría la historia reciente del país. Su reincorporación fue recibida con expectativas, aunque el periodo que siguió estuvo atravesado por tensiones políticas y protestas que afectaron la gobernabilidad y el panorama institucional.

En el marco de las memorias políticas del proceso reciente, se ha señalado que su figura representó una corriente moderada dentro de un partido con raíces en movimientos sociales, manteniendo un equilibrio entre la disciplina partidaria y la orientación estratégica para sostener políticas de inclusión social. Durante su gestión, se destacaron esfuerzos para estabilizar la economía y coordinar con actores internacionales ante la volatilidad de los mercados, así como para procurar una relación más laxa entre el sector público y la economía privada en ciertos ámbitos clave de la política económica.

El retorno a la vida ministerial, ocurrido a comienzos de 2019, coincidió con un periodo de intenso conflicto social y político. El país vivía una ola de movilizaciones que desembocó en la renuncia del presidente en ese entonces, y él, con su experiencia en gestión macroeconómica, se halló en el centro de debates sobre el rumbo económico y la respuesta estatal ante la crisis. En ese contexto, su figura fue objeto de análisis sobre la manera en que la economía puede contribuir a la pacificación social y a la estabilidad institucional, sin renunciar a las metas de desarrollo y redistribución que habían caracterizado su trayectoria profesional.

Campaña presidencial de 2020

Tras la salida de la anterior administración, se convocaron elecciones anticipadas para encauzar la transición. En ese marco, el movimiento político al que pertenecía presentó su candidatura presidencial, proponiendo una fórmula de liderazgo compartido con un compañero de fórmula para la vicepresidencia. Su trayectoria previa como funcionario público, en lugar de político de carrera, fue destacada por analistas y votantes, que vieron en esa experiencia una capacidad para gestionar compromisos complejos y coordinar con distintos actores institucionales. Tras la contienda, las urnas reflejaron un ejercicio competitivo y la expectativa de un giro institucional hacia un eje político que buscaba consolidar los logros económicos y sociales de años recientes.

El escrutinio arrojó una victoria contundente en primera vuelta, con una franja mayoritaria de apoyo electoral que permitió asegurar la presidencia. La proclamación de resultados confirmó que la ciudadanía apreciaba la propuesta y la combinación de trayectoria pública, liderazgo técnico y un planteamiento de gobierno orientado a la cohesión social y la reactivación de programas de desarrollo. A partir de esa victoria, se consolidó la expectativa de un periodo de gobernanza que pretendía equilibrar la continuidad de políticas con la necesidad de innovar en áreas estratégicas para la economía y el gasto social.

Presidencia de Bolivia

Inauguración

El proceso de asunción tuvo lugar a finales de 2020, con la toma de posesión de la primera autoridad ejecutiva y la designación de un vicepresidente que acompañó la gestión en la continuación de un proyecto político ya conocido. La ceremonia de inicio de mandato incluyó símbolos y elementos institucionales que buscan representar la interacción entre la tradición y las aspiraciones modernas del país. En esa fecha, la nación recibió una nueva banda presidencial, el escudo, el símbolo Wiphala y elementos representativos de la identidad boliviana, marcando un momento de reconocimiento de la diversidad y la historia del territorio.

Las primeras informaciones de la época apuntaron a tensiones y desafíos ligados a las estructuras de poder y a la continuidad de una tradición institucional que debía reconciliarse con las demandas de un electorado que esperaba respuestas en materia de seguridad social, economía y gobernabilidad. En ese inicio de mandato, el presidente se enfrentó a realinear relaciones externas y a consolidar una agenda que combinara un enfoque pragmático con una visión de largo plazo para la economía y el desarrollo inclusivo.

En algunos informes posteriores se mencionó la existencia de voces provenientes de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y de altos mandos gubernamentales que habrían puesto en duda la legitimidad de la investidura, lo que subraya la complejidad del contexto político en el que se inició su mandato. A pesar de ello, la nueva gestión continuó con su plan de reorientación de la política exterior y del aparato estatal para avanzar en sus objetivos de desarrollo y respeto a la soberanía económica.

Política exterior

Una de las líneas de acción más relevantes fue la restitución de vínculos con gobiernos regionales y aliados estratégicos para reforzar la cooperación y la legitimidad internacional del país. En ese sentido, se reactivaron relaciones con gobiernos de América Latina y de otras regiones, buscando que Bolivia recuperara su voz en foros multilaterales y fortalecer alianzas en áreas de interés comercial, energético y social. se reanudaron contactos que facilitaran la cooperación tecnológica y científica, así como el intercambio académico entre instituciones bolivianas y centros de estudio extranjeros.

En lo relativo a la seguridad de fronteras y la cooperación internacional en asuntos de movilidad y migración, se exploraron acuerdos que permitieran una mayor coordinación con países vecinos y con organismos regionales para facilitar la gestión de flujos y la protección de derechos de sus ciudadanos. También se buscó restablecer procedimientos de visado para ciertos países, con el objetivo de regularizar y ordenar las relaciones internacionales de Bolivia en un marco de seguridad y de prosperidad compartida. Estas decisiones formaron parte de un esfuerzo más amplio por posicionar al país como actor estable en la región.

En términos de participación institucional, el gobierno anunció su intención de retomar la presencia de Bolivia en organizaciones regionales y continentales que habían sido suspendidas o reducidas en momentos de crisis. La idea era volver a integrarse en espacios de cooperación que facilitaran la concertación de políticas en temas como comercio, desarrollo sostenible y cohesión social, manteniendo un enfoque estratégico para que las decisiones nacionales se alinearan con un marco regional vigente y eficiente.

Medidas sociales y económicas

Una de las iniciativas sociales de mayor resonancia fue la creación de una prestación universal orientada a personas adultas que no contaran con ingresos suficientes. El programa buscó atender a quienes estaban fuera del sistema de protección social y, para su financiamiento, se contempló la introducción de un impuesto sobre grandes fortunas. Esta propuesta, enmarcada en una estrategia de redistribución, apuntaba a garantizar una red mínima de seguridad económica para quienes no accedían a la renta formal, promoviendo una mayor equidad entre la población.

Asimismo, la gestión decidió devolver al Fondo Monetario Internacional un préstamo sustancial con el argumento de que las condiciones asociadas podían atentar contra la soberanía económica del país. Esta decisión formó parte de una lectura crítica de la cooperación financiera externa, que se tradujo en una revisión de la dependencia de ciertos instrumentos de financiamiento y en un esfuerzo por preservar la capacidad de maniobra fiscal frente a presiones externas.

En el frente de la producción energética, el sector gasífero, principal motor de exportaciones, enfrentó un proceso de ajuste por la necesidad de impulsar inversiones y de renovar la base de exploración para sostener la oferta. Paralelamente, el gobierno fortaleció una estrategia de industrialización que ubicó a los recursos naturales—con el litio como caso emblemático—en el centro de una visión de desarrollo orientada a la sustitución de importaciones y a la generación de valor local. En esta línea, se promovió una narrativa de descolonización económica: que la renta proveniente de estos recursos quedara en manos de los bolivianos y no de actores externos.

En 2022, la inflación se situó en niveles bajos relativos, un indicador que fue utilizado por el gobierno para mostrar la efectividad de su gestión macroeconómica y para justificar la continuidad de ciertas políticas. Este periodo sirvió para que el Gabinete presentara un retrato de estabilidad y previsibilidad, que contribuyó a sostener la confianza de mercados y actores productivos en un marco de reformas graduales y consensuadas. Aun así, la gestión de aspectos sociales y de inversiones continuó enfrentando críticas por parte de diversos sectores que consideraban insuficiente la cobertura de ciertos servicios esenciales y la disponibilidad de equipamiento sanitario durante contextos de crisis.

En cuanto a la movilidad de recursos y la respuesta ante crisis de salud pública, se señalaron complejidades y debates sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud. Aunque hubo logros en la estabilización macroeconómica, la evaluación de políticas públicas mostró un mosaico de resultados con luces y sombras, que se discutían en foros técnicos y en el marco de la conversación política nacional. Estas discusiones formaron parte de un debate más amplio sobre la necesidad de equilibrar crecimiento con inclusión, especialmente en comunidades rurales y pueblos indígenas, que históricamente habían quedado en el centro de las preocupaciones de las políticas redistributivas.

Regreso y desafíos tras la salud

La salud del mandatario constituyó un episodio determinante que forzó un receso institucional y, posteriormente, un retorno a las tareas de gestión. Tras superar la enfermedad renal, retomó sus funciones y reanudó su participación en la conducción ministerial, encontrando un escenario político aún plagado de tensiones y controversias. Este periodo de reincorporación coinció con un ciclo de movilización social y protestas que afectó la convivencia cívica y obligó a priorizar la negociación y el manejo de conflictos sociales de alta intensidad.

Con el paso de los meses, la escena política continuó evolucionando: se produjo una nueva oleada de disputas entre movimientos y facciones afines y opuestas al liderazgo, en un contexto de disputas internas por la dirección estratégica del partido gobernante. En este marco, las tensiones entre distintas corrientes políticas llevaron a que el debate se focalizara no solo en la gestión económica, sino también en la relación entre el ejecutivo y las estructuras partidarias que sustentaban su mandato.

Críticas y protestas

La figura del presidente recibió un respaldo sólido entre algunas capas de la población, especialmente entre sectores que percibían beneficios directos de las políticas sociales y las iniciativas de desarrollo. Por otro lado, encontró fuerte oposición entre la clase media urbana y gran parte de los segmentos altos, que cuestionaban ciertos enfoques y celebraban la necesidad de un ajuste político que promoviera cambios institucionales más profundos. En ese espectro, la oposición agrupó a actores influyentes en economía, religión, academia y medios de comunicación, que cuestionaban la continuidad de las políticas en curso y la forma de implementarlas.

Entre las críticas más constantes se destacó la percepción de proselitismo en campañas para puestos regionales y municipales, atribuyéndosele al liderazgo un uso de recursos para favorecer a candidatos de su partido. Estas acusaciones provocaron reacciones de parte de opositores y de instituciones religiosas, que consideraron que el manejo de obras públicas podría estar condicionado por fines políticos. En paralelo, diversas voces opositoras demandaron más claridad y distensión en las actuaciones del Ejecutivo frente a las autoridades regionales que resultaran electas, independientemente de su afiliación partidaria.

Con el paso del tiempo, surgieron llamados a la moderación y a la consolidación de un marco institucional que permitiera una convivencia política más produtiva. En este sentido, surgió la crítica de que determinadas acciones podrían ser percibidas como frentes de presión que buscaban influir en el proceso electoral y en el fortalecimiento de un coherence institucional que evitara la polarización extrema. La dinámica entre el poder central y las regiones agitó debates sobre la gestión de recursos, la distribución de inversiones y el alcance de las políticas de desarrollo en territorios con realidades muy diversas.

Reforma judicial

En el inicio de un ciclo institucional orientado a fortalecer la gobernanza del país, la administración anunció un conjunto de iniciativas para la mejora del sistema judicial. Se planteó transformar la administración de justicia con el objetivo de reducir la corrupción, aumentar la transparencia y reforzar la independencia de magistrados y fiscales. En ese periodo se organizaron encuentros amplios que involucraron a diversos sectores de la sociedad para delinear un programa de reformas y una visión compartida de qué cambios eran necesarios para hacer más eficiente la administración de justicia y generar mayor legitimidad frente a la ciudadanía.

Entre las medidas previstas se contempló la organización de cumbres y diálogos entre actores sociales y políticos, con la participación de actores internacionales y expertos en derechos humanos y justicia. En el marco de esas consultas, llegó un relator especial de las Naciones Unidas para evaluar la independencia judicial y las condiciones de las cárceles y el sistema de justicia, lo que permitió contar con observaciones técnicas sobre los procesos de selección de altos magistrados y la atención de víctimas de delitos. Este proceso de revisión tenía como objetivo sentar bases para reformas estructurales que lograran una justicia más ágil y equitativa, sin interferencias indebidas y con mayores garantías para las víctimas de violencia y delito.

Conflicto con Evo Morales

El líder del partido y antiguo mandatario, con su base de apoyo en movimientos sociales, mantenía un perfil de liderazgo distinto al del presidente en funciones, que desde su visión era más tecnocrático y orientado a la gestión de políticas públicas. Esta diferencia de estilos provocó tensiones y, en varios momentos, desencadenó choques entre las líneas de conducción del movimiento político. En ese marco, la relación entre las facciones internas fue evolucionando hacia una fragmentación que mostró la existencia de al menos dos corrientes dentro del partido: una que defendía una orientación más cercana a Morales y otra que promovía un renovado rumbo institucional.

Con el tiempo, este fenómeno dio lugar a una reorganización interna: unas facciones trabajaron por consolidar una nueva identidad y liderazgos emergentes, mientras otras seguían sosteniendo la antigua estructura del movimiento. Este proceso generó situaciones ambiguas respecto a la unidad interna y terminó provocando decisiones en las que las autoridades partidarias debieron definir qué liderazgo era reconocido oficialmente a efectos de la representación institucional. En este contexto, se registraron episodios de expulsión y reconocimiento de liderazgos alternativos, que reflejaban la tensión política subyacente y la compleja convivencia entre lealtades históricas y aspiraciones de renovación.

En fechas posteriores, la lucha interna dio nuevos golpes a la cohesión del movimiento, y un conjunto de decisiones institucionales consolidó la existencia de distintas corrientes dentro del partido, con reconocimientos y disputas que llegaron a los tribunales y a la esfera pública. Aun así, la narrativa predominante en ese periodo fue la de un liderazgo que, aunque con fuertes vínculos con Morales, trató de diferenciarse por la vía de una gestión más centrada en la estabilidad macroeconómica y la consolidación de una agenda de desarrollo basada en la equidad y en la participación social. El paisaje político quedó marcado por estas tensiones, que influyeron en la forma en que se plantearon las alianzas y las futuras candidaturas.

Al avanzar el tiempo, estas diferencias se convirtieron en una referencia para entender la dinámica de poder al interior del MAS-IPSP, con expulsiones y reacomodos que afectaron la lealtad partidaria y la definición de liderazgos alternativos. Este fenómeno no solo marcó una bisagra en la estructura interna del movimiento, sino que también condicionó el curso de la política boliviana en los años siguientes, al orientar la atención hacia la necesidad de un reordenamiento que permitiera articular las demandas de distintos sectores con una visión central de gobierno.

En 2024, el manejo político continuó atravesando momentos de alta tensión, con nuevas decisiones que apuntaban a redefinir la conducción del MAS-IPSP. Estas circunstancias derivaron en actos institucionales que buscaron aclarar la legitimidad de las autoridades reconocidas formalmente por el movimiento, y dieron paso a una reorganización de liderazgos que consolidó la aparición de corrientes distintas, cada una con un marco de apoyo entre diferentes grupos sociales y sectoriales. Aunque estas disputas fueron intensas, también sirvieron para ilustrar las complejas dinámicas de un partido que, a través de estas tensiones, trató de mantener su influencia en la coyuntura nacional.

Intento de golpe de Estado

En una fecha convulsa para la estabilidad democrática, las fuerzas armadas y algunas autoridades estatales protagonizaron un episodio de alta tensión en la capital, que terminó con un choque entre integrantes del propio gobierno y los mandos que lideraron el asalto. La maniobra, que se desarrolló en un periodo breve, dejó un saldo de heridos y demostró la fragilidad de los equilibrios institucionales en un momento de crisis. Después de la intervención de fuerzas de seguridad y la detención de varios responsables, el incidente se convirtió en un tema central de debate público, con acusaciones y explicaciones que buscaban clarificar las motivaciones y las responsabilidades de cada actor involucrado. Este episodio hizo evidente la existencia de tensiones entre quienes defendían una línea más confrontacional y quienes abogaban por una solución institucional para pacificar el país y evitar nuevas convulsiones políticas.

Precandidatura presidencial de 2025

En el marco de un ciclo electoral complejo, el movimiento político decidió presentar una candidatura presidencial para las próximas elecciones generales. La estrategia de la alianza contempló la participación de una fórmula que combinaba experiencia ejecutiva y representación institucional para consolidar una visión de gobernanza que buscaba equilibrar la economía con las demandas sociales. Sin embargo, en un momento de evaluación de las encuestas y la situación interna, quien era la figura central de la candidatura expresó públicamente su decisión de no presentarse a un segundo mandato, abriendo paso a la definición de otros actores dentro de la coalición para roles de liderazgo y candidaturas complementarias. En esa coyuntura, la dirección del bloque también organizó la presentación de un candidato a la cabeza del Ejecutivo, mientras otro líder asumía la representación en el Senado como primer actor de la respaldada lista parlamentaria.

Postpresidencia (2025-presente)

Tras abandonar las responsabilidades ejecutivas hacia finales de 2025, el exmandatario volcó su dedicación a la labor educativa en la Universidad Mayor de San Andrés, dedicándose principalmente a la enseñanza y a la reflexión académica sobre economía y políticas públicas. En el terreno judicial, se desencadenaron procesos de investigación que llevaron a su detención provisional en una prisión de alta seguridad, acusándolo de irregularidades en la gestión de fondos públicos durante su paso por el ministerio. La acusación se centró en transferencias presuntamente irregulares a cuentas personales de líderes y actores vinculados a comunidades indígenas y a organizaciones sociales. Estos cargos motivaron un periodo de privación de libertad durante varios meses mientras se conducían las diligencias correspondientes. Este desenlace marcó un giro en su trayectoria pública, que pasó a estar influida por la dimensión judicial y la cobertura mediática de un caso que trascendió el ámbito estrictamente político.

Vida personal

En la intimidad familiar, la vida afectiva del personaje ha estado marcada por matrimonios y la formación de una familia numerosa. En una primera etapa estuvo unido a Jéssica Mosqueira, con quien procreó varios hijos. Con el paso del tiempo, consolidó un nuevo vínculo con Lourdes Durán Romero, quien ejerce como la primera dama del país y comparte con él algunas de las responsabilidades públicas que conlleva su posición. Este desarrollo personal ha estado acompañado de retos de salud que afectaron su rendimiento público durante ciertos periodos, así como de períodos de recuperación y reacomodo familiar a lo largo de los años.

Entre las experiencias de salud que acompañaron su vida pública destaca un tumor renal diagnosticado en etapas cercanas a la década de los años recientes. Este desafío médico obligó a apartarse temporalmente de sus funciones para recibir tratamiento en diferentes países y posteriormente reincorporarse a sus labores. Aun cuando la enfermedad presentó un obstáculo significativo, su trayectoria mostró una resiliencia notable al reinsertarse en la esfera pública y continuar aportando al debate económico y político de Bolivia. En el plano personal, sus creencias han mostrado un eclecticismo con una inclinación hacia la espiritualidad práctica, combinando una visión atea con una convicción en la energía de la oración y en tradiciones culturales tradicionales.

Publicaciones

Libros

• La política cambiaria y la tasa de inflación en el primer trimestre de 1990.
• Concentración bancaria.
• La sustitución de monedas en Bolivia, 1987-1996.
• Liberación financiera y concentración en el sistema bancario; Dolarización e incertidumbre en Bolivia.
• Contribución al debate sobre la dolarización. Umbrales. Revista del Posgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA n.º 10.
• ¿Modificación de política cambiaria o aumento de costo transaccional?
• Revirtiendo el proceso de dolarización.
• ¿Es adecuado el mecanismo del bolsín? Breve evaluación del régimen cambiario boliviano. Dinámica Económica, n.º 12.
• La demanda por dinero en Bolivia, 1990-2002.
• Incertidumbre y Dolarización en Bolivia.
• Crisis económica internacional, respuestas ortodoxas en América del Sur y la política económica boliviana en Evaluación de las políticas económicas convencionales y no convencionales: Caso Bolivia. Banco Central de Bolivia (2017).
• Un modelo económico justo y exitoso. La economía boliviana, 2006-2019 (2020).