Mohammad Najibulá

En la historia reciente de Afganistán, Mohammad Najibulá Ahmadzai se impuso como una figura compleja que fusionó la vocación médica con una carrera política de alto vuelo y controversias profundas. Su vida, marcada por cambios radicales de régimen, alianzas fluctuantes y una lucha sostenida por la consolidación del poder, ofrece una crónica de las tensiones entre reformas, ideología y la intervención foránea. Su legado, debatido y dividido, dejó una estela que aún influye en la memoria pública del país.

En la historia reciente de Afganistán, Mohammad Najibulá Ahmadzai se impuso como una figura compleja que fusionó la vocación médica con una carrera política de alto vuelo y controversias profundas. Su vida, marcada por cambios radicales de régimen, alianzas fluctuantes y una lucha sostenida por la consolidación del poder, ofrece una crónica de las tensiones entre reformas, ideología y la intervención foránea. Su legado, debatido y dividido, dejó una estela que aún influye en la memoria pública del país.

Biografía

Primeros años

El nacimiento de Najibulá Ahmadzai tuvo lugar el 6 de agosto de 1947, en la localidad de Gardiz, situada en la provincia de Paktia. Hijo de un funcionario público de origen pastún llamado Muhammad Akhtar, que ejercía como cónsul en Peshawar, su familia poseía una tradición de servicio público y una herencia tribal que dejó huella temprana en su formación. Su infancia transcurrió mayormente en la frontera afgano-pakistaní, en un entorno mixto que le permitió observar de cerca las dinámicas entre comunidades y autoridades, así como las tensiones propias de la región. Los años de niñez se vieron marcados por un contacto sostenido con zonas limítrofes y por una educación proporcionada en un marco de movilidad geográfica.

Después de completar la educación secundaria en Kabul en el instituto Habibi, Najibulá ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul en 1965. En ese mismo periodo, alzó su voz en una atmósfera política convulsa y se vinculó a través de la entonces ilegal Unión Democrática de Estudiantes al Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA). Su carisma para la oratoria y su interés por las artes marciales, incluso el levantamiento de pesas y la lucha libre, contribuyeron a acrecentar la admiración de sus pares, y le valieron el apodo popular de El Toro entre los jóvenes activistas. En aquella etapa temprana dejó entrever un temperamento capaz de combinar convicción ideológica con una disciplina física destacada.

La primera década de los setenta estuvo marcada por una serie de detenciones y juicios que moldearon su perfil político. En 1969 fue arrestado por acusaciones que hacía alusión a perturbación de la seguridad y a la participación en protestas; en enero del año siguiente fue detenido nuevamente durante una manifestación antiestadounidense, cuando manifestantes arrojaron huevos sobre el vehículo del vicepresidente Spiro Agnew. En esos procesos aparecieron explícitamente sus ideas sobre la eliminación de estructuras feudales, la reducción de la influencia religiosa y la homogenización de derechos para mujeres y minorías, además de la liberación de presos políticos. Estas experiencias tuvieron un peso notable en su visión de la transformación social, que luego insistiría en avanzar a través de un marco reformista y conflictivo a la vez.

Con el paso de los años, Najibulá se movió entre corrientes internas del PDPA. En 1967 formó parte de la facción Parcham, formando una alianza con Mir Akbar Kaibari, cuyo asesinato años después sería detonante de procesos revolucionarios. En la década de 1970, tras graduarse en 1975, se incorporó a desempeños hospitalarios y simultáneamente asumió responsabilidades dentro del partido, convirtiéndose en la cabeza del comité del PDPA en Kabul y, poco después, miembro del Comité Central. Este periodo allanó el terreno para su escalada posterior dentro de la estructura partidista y del aparato de seguridad del estado.

Carrera política

Con la Revolución de Saur en 1978, Najibulá Ahmadzai ingresó al Consejo Revolucionario de la República Democrática de Afganistán y pasó a ocupar un papel relevante en la dirección del aparato estatal. Sin embargo, las tensiones entre facciones dentro del PDPA lo llevaron a un rápido giro personal: fue enviado como embajador a Irán durante un breve periodo, y luego, en octubre de ese mismo año, fue acusado de conspiración contra el gobierno y privado de la ciudadanía afgana. Buscando refugio, halló asilo en Moscú, permaneciendo allí hasta la militarización de la intervención soviética en Afganistán. Esta movida dejó una marca indeleble en su trayectoria, pues mostró su capacidad para escapar de crisis internas mediante alianzas con potencias extranjeras en un momento decisivo de la historia afgana.

A fines de 1979 regresó al país, y a partir de enero de 1980 fue designado como director del Servicio de Información del Gobierno, la agencia de inteligencia del régimen. Durante seis años, este cargo lo convirtió en una de las figuras centrales del directorio político y de seguridad del estado, con un crecimiento sustancial de la estructura y del presupuesto, financiados por el apoyo externo de la Unión Soviética y con una marcada influencia sobre las operaciones de seguridad interior. Su liderazgo en la JAD, la organización de seguridad relacionada con la antigua policía secreta, fue instrumental para el control de la seguridad y la represión que caracterizó ese periodo. Bajo su mando, la JAD experimentó una notable expansión y formación de personal, un proceso que, según los informes, recibió un impulso considerable por la asistencia y supervisión desde Moscú.

Durante esa época, los métodos del JAD estuvieron fuertemente marcados por la seguridad y la disciplina, y su discurso sobre la educación ideológica apareció en múltiples foros oficiales. En contraste, las acciones de seguridad y represión, incluyendo detenciones y condenas, dibujaron un panorama de un estado en el que la obediencia se buscaba más por la coerción que por el consenso. Al mismo tiempo, la figura de Najibulá emergió como un promotor de la estabilidad a través de la reconciliación, una concepción que planteaba negociar con grupos contrarios y a la vez mantener el control político del PDPA. Estas dinámicas definieron su época como una fase prolongada de consolidación del poder dentro de un sistema que se tambaleaba ante la presión de los muyahidines y de la retirada soviética.

Las políticas de seguridad desplegadas durante su periodo estuvieron acompañadas por una marcada propaganda de lealtad ideológica y por un fuerte recurso a la represión de la disidencia, con múltiples violaciones a derechos humanos descritas por observadores y críticos de la época. En ese marco, su liderazgo fue objeto de evaluaciones contradictorias: por un lado, la capacidad de consolidar un poder centralizado; por otro, la legitimidad de un régimen que cada vez dependía menos del apoyo popular y más de la ayuda externa para sostenerse. Estas tensiones se fueron acumulando y configuraron un telón de fondo para los siguientes años de la historia afgana.

Ascenso al poder

En 1986, el entorno inom Madame del PDPA decidió promover a Najibulá Ahmadzai al Secretariado del Comité Central, un movimiento que potenció su autoridad dentro del partido y de las estructuras estatales. Poco después, la reorganización institucional convirtió al JAD en un ministerio, fortaleciendo su responsabilidad en la gestión de la seguridad nacional y la inteligencia. Este ascenso fue acompañado por una consolidación de su poder, aunque no sin resistencia interna: la rivalidad entre facciones persiguió un balance de apoyos que, en última instancia, dejó a Karmal con cierto peso político, mientras Najibulá comenzó a proyectar una imagen de liderazgo capaz de articular la transición hacia una nueva fase de la revolución.

El contexto internacional jugaba a su favor y en su contra a la vez. Sistemas de inteligencia cruzados, intercambio de estrategias entre Moscú y Washington, y la presión de un conflicto prolongado condicionaban las decisiones del politburó del PDPA. Varios diagnósticos en informes secretos señalaban que, a pesar de su control institucional, Najibulá era visto por algunas dirigencias como un líder útil para canalizar la resistencia interna hacia la reconciliación, mientras otros consideraban su nacionalismo pastún como un factor que podría desequilibrar el equilibrio étnico del país. En este pulso, se forjó la percepción de que su figura era central para la continuidad de la influencia soviética, incluso cuando la presión por la retirada de las tropas y el replanteamiento de la seguridad nacional ya se hacía presente en los corridors del poder.

Líder de Afganistán: 1986-1992

El 4 de mayo de 1986, en la 18.ª asamblea del PDPA, Najibulá Ahmadzai fue elegido secretario general del Comité Central, asumiendo la dirección de la organización mientras el presidente del Consejo Revolucionario seguía siendo Babrak Karmal. Durante la investidura, las fuerzas de seguridad se vieron en la necesidad de disolver manifestaciones de apoyo al antiguo líder, y tropas soviéticas permanecieron en puntos estratégicos para evitar consolidar un golpe de Estado. Este episodio evidenció las tensiones propias de un poder en tránsito entre viejos liderazgos y aspiraciones de reconfigurar la dirección del estado.

El 15 de mayo, Najibulá anunció la creación de una troika de poder, con él como cabeza del PDPA, Karmal al frente del Estado y Sultán Alí Keshtmand como primer ministro. Aunque parecía una fórmula de equilibrio, la realidad mostró que Karmal continuaba arropado por una red de apoyos que podían revertir la evolución si las condiciones dejaban de favorecerlo. Así, el proceso de transición estuvo marcado por intrigas, presiones internas y la intervención constante de Moscú para influir en el curso de los acontecimientos. A pesar de ello, Najibulá consolidó su posición como líder de facto en muchos ámbitos de la política afgana.

El papel de la Unión Soviética en la permanencia de Karmal y la posterior decisión de desplazarlo de su puesto generaron tensiones que culminaron en un cambio de estrategia. Los cálculos estratégicos de Moscú buscaban asegurar que la persona próxima a reemplazar a Karmal fuera leal a los intereses del bloque oriental. En ese marco, los informes de la inteligencia soviética señalaban a Najibulá como una figura capaz de mantener el control, aunque también advertían su condición de nacionalista pastún, lo que podría afectar la dinámica étnica del país si no se manejaba con cuidado. El debate sobre su idoneidad y su capacidad de mantener la cohesión interna siguió siendo un tema recurrente dentro del politburó.

Durante la década, y a medida que la retirada soviética se volvía inexorable, las decisiones de Najibulá se vieron cada vez más condicionadas por la necesidad de mantener la cohesión del estado frente a la presión de los muyahidines y la caída de la URSS. En diciembre de 1985 recibió un nuevo papel en el Secretariado del PDPA, y en enero de 1986 transformó la JAD en un ministerio, consolidando un andamiaje institucional que no solo reforzaba la seguridad, sino que ampliaba la capacidad de control sobre las élites y la población. En ese periodo, su liderazgo se consolidó como un eje central de la administración, hasta convertirse en una figura influyente en la arquitectura del poder afgano durante los años finales de la Guerra Fría.

Aun con su ascendiente, el régimen enfrentó dilemas estratégicos. Varios informes señalaban que la polarización interna y la dependencia de la ayuda externa amenazaban la sostenibilidad de la coalición gobernante. A medida que las tensiones internas se agudizaban, surgían voces que cuestionaban la conveniencia de mantener políticas que favorecían la estabilidad por encima de la democratización y la apertura política. En 1987, tras la aprobación de una nueva constitución, el marco político empezó a transformarse de modo que la religión islámica adquiría un papel central en la estructura estatal, reflejo de un alineamiento más estrecho con las tradiciones culturales del país y, a la vez, de un alejamiento relativo respecto al marxismo que había caracterizado etapas anteriores.

La década de los ochenta estuvo marcada por cambios en la composición institucional y por iniciativas de reconciliación que, aunque ambiguas y con resultados mixtos, configuraron un intento visible de acercamiento entre el gobierno y las fuerzas opositoras. En 1986-1987 se dio un giro hacia la legalización de ciertas formas de participación política, la protección de derechos y la posibilidad de una transición política que permitiera incorporar a opositores en un marco de cooperación. Este proceso, impulsado por Najibulá, fue presentado como un camino para culminar la Revolución de Saur en una fase más amplia y menos guerras intestinas, con un foco en la construcción de una sociedad que, aunque estatalmente controlada, pretendía incorporar a actores diversos en la vida pública.

En paralelo, la economía siguió siendo objeto de planificación central. El plan económico quinquenal, promovido a inicios de 1986, pretendía un crecimiento acelerado y ambicioso en múltiples sectores: industria, agricultura, comercio y exportaciones. Sin embargo, la ejecución demostró ser irrealista y los resultados terminaron por mantenerse muy por debajo de las metas planteadas, con un crecimiento apenas perceptible y una economía que siguió dependiente de la ayuda exterior. Aun así, se intentó promover una mayor participación del sector privado y ajustar las políticas para favorecer la inversión, aunque la realidad mostró que el marco ideológico y las limitaciones estructurales impedían un desarrollo sostenido.

Entre los hitos culturales y educativos, destacan la apertura de universidades en Balj y Herat en 1988, así como la acreditación de Abdul Ahad Mohmand como cosmonauta afgano en el marco de un programa internacional de cooperación. Estos hitos sirvieron para proyectar una imagen de progreso científico y educativo, incluso cuando la economía y la esfera política enfrentaban tensiones estructurales. En ese periodo, el Museo Nacional de Kabul vivió momentos de controversia y de esfuerzos para preservar el patrimonio ante el deterioro de la seguridad, una preocupación que marcó la gestión de los últimos años del régimen.

Con la retirada de las tropas soviéticas y el deterioro de las condiciones de seguridad, la línea de acción del gobierno se vio sometida a nuevas presiones. En 1989, tras la salida de las fuerzas, el régimen intentó consolidar su autoridad ante la creciente presión de los muyahidines, que aprovecharon la apertura para avanzar en la captura de ciudades y territorios. En ese marco, Najibulá buscó reforzar su posición mediante acuerdos diplomáticos y estrategias de paz que, aunque ambiciosas, no lograron contener la descomposición institucional y la erosión del control estatal.

La década final de la década de los ochenta y el inicio de la de los noventa estuvo también marcada por la redefinición de las estructuras de poder. En 1990, la reconfiguración constitucional se orientó a consolidar un Estado islámico y a tolerar la presencia de actores no estatales dentro de un marco formal de gobernanza. El nuevo marco reconoció la necesidad de atraer inversiones y de promover un entorno más favorable para las empresas privadas, con ciertos matices en relación a la libertad económica y a la intervención del Estado. En estas circunstancias, el país se acercó a la disolución de la Unión Soviética y a un desplome de la economía planificada que había sostenido al régimen durante una década.

Durante este periodo, la cooperación con potencias externas siguió siendo crucial. Afganistán mantuvo vínculos con el bloque oriental y con aliados regionales, en una tentativa de sostener la economía y la estructura de seguridad. En paralelo, la conversión de la República Democrática de Afganistán en una república institucional y la adopción de una nueva carta constitucional se inscribieron en un marco de reformas que trataban de moderar la violencia y de democratizar, en la medida de lo posible, el sistema político. Aun así, la creciente presión de los muyahidines, el abandono de las bases soviéticas y el desgaste generalizado erosionaron de manera sostenida la legitimidad del régimen.

En 1990, el liderazgo intentó, además, proyectar una imagen de modernización y de renuncia a la línea marxista, anunciando que todas las filas del PDPA eran musulmanas y que el partido había dejado atrás el marxismo. Se consolidó la idea de un Estado islámico unitario, y la Constitución de 1987 fue reinterpretada para reforzar el papel de la religión en la vida pública. Estas transformaciones, que buscaban reconciliar tradición y gobierno, no lograron evitar el colapso del sistema cuando la resistencia armada y la presión internacional culminaron en la desintegración de la influencia soviética y la crisis de gobernabilidad.

En el plano económico, la promesa de crecimiento y desarrollo quedó atrás frente a la realidad de una economía que estaba desintegrándose. El Plan Quinquenal, si bien impulsó ambiciosas metas, no logró diversificar suficientemente la economía ni reducir la dependencia de la asistencia externa. En suma, el régimen de Najibulá siguió gobernando en un marco de tensión constante con la oposición, con una estructura de poder que, si bien logró ciertos logros en seguridad y control, no supo evitar la fragmentación y el agotamiento institucional que caracterizaron los albores de los años noventa.

Entre 1988 y 1989 se produjo un punto clave: la disolución de la URSS y el reajuste de las relaciones internacionales que afectaron directamente a Afganistán. En ese contexto, la dirigencia soviética inició una revisión de las políticas hacia Kabul, mientras que rutas diplomáticas con Estados Unidos buscaron acuerdos para detener el suministro de armas a los contendientes de la guerra civil a partir de 1992. Este giro estratégico aceleró la desestabilización del régimen y abrió un periodo de inestabilidad que culminaría con la caída de la administración en 1992, tras la retirada de las fuerzas extranjeras y la progresiva llegada de las formaciones muyahidines a Kabul.

En ese marco, el general Abdul Rashid Dostum, líder militar, se negó a alinearse con el gobierno y, al cambiar de bando, se sumó a la coalición de los insurgentes que sitiaron Kabul. Ante la presión, Najibulá ofreció transferir la presidencia a un gobierno de transición y, finalmente, en abril de 1992 presentó su renuncia, cerrando un capítulo que había durado años y que había dejado una huella indeleble en la historia institucional afgana. Su retirada no sólo significó el fin de su mandato, sino también el agotamiento de un modelo político que había buscado sostenerse mediante la alianzas entre fuerzas internas y la ayuda de potencias externas.

Derrocamiento

Ante la progresiva desestabilización de Kabul, Najibulá Ahmadzai yacía refugiado en posiciones diplomáticas extranjeras y en la sede de la ONU. Su familia, en especial su esposa, sus hijas y su hermana, viajaría primero a Nueva Delhi, mientras él buscaba asilo en la embajada de la India y, posteriormente, en el edificio de la oficina de la organización internacional en Kabul. En ese periodo, su hermano Shah Ahmadzai y otros allegados le ofrecieron apoyo, y un reducido grupo de escoltas se mantuvo a su lado. El régimen que había sostenido la seguridad del estado durante años comenzó a ceder ante la presión de las fuerzas insurgentes, y Najibulá vivió sus últimos días como un exilio forzado dentro de la capital afgana, rodeado de un clima de inestabilidad y hostilidad creciente.

El 1996 marcó un punto terminal: con la toma de Kabul por los talibanes, Najibulá y su hermano fueron capturados por los insurgentes y sometidos a torturas, siendo ejecutados al día siguiente. Las imágenes de este momento se difundieron ampliamente en la prensa internacional, dejando al descubierto la brutalidad del conflicto y la violencia que marcó aquella etapa. Según relatos de analistas y observadores, con su muerte se cerró un capítulo de la historia afgana que había estado marcado por la lucha entre soberanía, influencia externa y aspiraciones de reconciliación que nunca lograron consolidarse plenamente.

Un testigo occidental comentó que, ante la llegada de las fuerzas talibanes, Najibulá recibió una oferta de asilo en el ISI para firmar un tratado que reconociera la frontera meridional de Afganistán, la llamada línea Durand. Su negativa fue interpretada por sus interlocutores como un acto de resistencia frente a la imposición de una solución que habría traicionado intereses geopolíticos y nacionales. Esta negativa quedó registrada como una de las claves de su final, agudizando la confrontación con quienes veían en él una amenaza para la línea dura de la política regional. En todo caso, la violencia culminó con su muerte, dejando una herencia de memoria y controversia que persiste entre numerosos sectores de la sociedad afgana.

Legado

Desde la caída del régimen talibán, las imágenes y las palabras asociadas a Najibulá Ahmadzai han adquirido una resonancia notable en la población, especialmente en Kabul, donde su figura ha sido reinterpretada de múltiples maneras. En los años posteriores, la memoria de su mandato se convirtió en objeto de debates y evocaciones que muestran la persistencia de una nostalgia por un periodo de relativa estabilidad, así como la crítica a las políticas que promovieron el control rígido y la represión. Este legado ambiguo ha nutrido la memoria histórica de Afganistán y ha alimentado la discusión sobre qué tipo de proyecto político podría haber encauzado de manera distinta la historia del país.

En 2008, una encuesta realizada por medios de comunicación afganos arrojó una lectura sorprendente: una mayoría considerable de la población, aproximadamente el 93,2 por ciento, expresó una valoración favorable hacia el régimen que dirigió Najibulá, destacando un deseo de estabilidad y de orden que, para muchos, contrastaba con los años de conflicto que siguieron. Este resultado, controvertido y sujeto a interpretación, subrayó la profundidad de la memoria social sobre aquel periodo y la persistencia de una percepción de eficacia de las políticas de orden frente a la inestabilidad de los años posteriores.

A lo largo de los años, han emergido iniciativas para conmemorar su figura y su obra. En su tierra natal, se creó la Fundación Dr. Najib, una entidad dedicada a la investigación, la educación y proyectos sociales que buscan mantener viva la memoria de su obra, así como promover valores de servicio público y desarrollo cívico. Las conmemoraciones han tenido lugar en diversas ciudades, y la figura de Najibulá continúa inspirando debates sobre el papel de la modernización, la estabilidad y la reconciliación nacional en una historia marcada por la violencia y la fragmentación.

La memoria de Najibulá Ahmadzai permanece, por tanto, como un mosaico de percepciones: por un lado, un líder que trató de guiar a su país a través de un periodo de transición complejo; por otro, un personaje que, en el marco de un régimen autoritario y de la seguridad coercitiva, dejó un legado ambiguo que sigue provocando preguntas sobre las posibilidades de una democracia sostenible en Afganistán.