Roberto Sánchez Palomino

Roberto Helbert Sánchez Palomino nació en Huaral el 3 de febrero de 1969, en el seno de una familia de origen apurimeño y ayacuchano que se asentó en esa localidad al norte de la capital. Desde joven, su camino se orientó hacia las ciencias humanas y la atención a las personas, combinando una formación académica en psicología con una marcada vocación por el servicio público. A lo largo de su trayectoria, ha cruzado las esferas de la práctica clínica, la gestión institucional y la actividad política, donde ha buscado canalizar las necesidades de comunidades rurales y urbanas por igual. Su biografía refleja esa doble pertenencia: la del profesional de la salud mental y la del dirigente que intenta traducir las demandas reales en políticas públicas.

Roberto Helbert Sánchez Palomino nació en Huaral el 3 de febrero de 1969, en el seno de una familia de origen apurimeño y ayacuchano que se asentó en esa localidad al norte de la capital. Desde joven, su camino se orientó hacia las ciencias humanas y la atención a las personas, combinando una formación académica en psicología con una marcada vocación por el servicio público. A lo largo de su trayectoria, ha cruzado las esferas de la práctica clínica, la gestión institucional y la actividad política, donde ha buscado canalizar las necesidades de comunidades rurales y urbanas por igual. Su biografía refleja esa doble pertenencia: la del profesional de la salud mental y la del dirigente que intenta traducir las demandas reales en políticas públicas.

Familia, formación y trayectoria profesional

Los orígenes de Sánchez Palomino se asocian con las generaciones anteriores que trabajaron en la hacienda Huando y que, desde esa experiencia, transmitieron una ética de trabajo y un compromiso con la tierra. Sus padres y sus abuelos formaron un núcleo que le enseñó a mirar hacia el interior del país para entender sus dinámicas sociales, a la vez que le mostró la importancia de las redes familiares como soporte. Su niñez transcurrió en un entorno marcado por el esfuerzo cotidiano, lo que, con el tiempo, despertó la curiosidad por las problemáticas de las comunidades y la necesidad de buscar soluciones a partir de la relación entre las personas y las instituciones.

En su juventud, decidió mudarse a Lima con el deseo inicial de ingresar al sacerdocio; sin embargo, el camino terminó tomando una dirección distinta, orientada hacia la ciencia humana y el cuidado de otros. Más tarde, optó por estudiar psicología, convencido de que el bienestar emocional era clave para el desarrollo personal y comunitario. Su paso por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le permitió obtener el bachillerato en 1998 y el título profesional en el año 2000. Durante esa etapa, formó parte de grupos pastorales vinculados a la teología de la liberación y trabajó como psicólogo con pacientes que padecían VIH, un tramo de su vida que consolidó su compromiso con la inclusión y la dignidad de las personas afectadas por la enfermedad.

Su trayectoria profesional se expandió hacia la administración y los recursos humanos en instituciones municipales y regionales, lo que le permitió adquirir experiencia en la gestión de equipos y proyectos. En 2017 asumió temporalmente la gerencia de administración y finanzas de la municipalidad provincial de Huaura, al norte de Lima, y posteriormente, entre 2019 y 2020, se desempeñó como gerente de capital humano en el distrito de San Borja, en el área metropolitana de la capital. En 2020 fue designado como gerente de la oficina de Desarrollo Social de la provincia de Huaral, cargo desde el cual intensificó su vínculo entre políticas sociales y bienestar de comunidades rurales.

Trayectoria política

Partido Humanista Peruano

La vida política de Sánchez Palomino comenzó en julio de 2005, cuando se adhirió al Partido Humanista Peruano para participar en las elecciones de 2006. En esa etapa concibió su candidatura al Congreso dentro de la alianza Concertación Descentralista, impulsada por Yehude Simon, aunque no obtuvo escaño y cosechó apenas 1259 votos. Este primer intento dejó claro su interés por combinar justicia social y representación territorial, aun cuando el resultado no acompañó su sueño de llegar al parlamento.

En las elecciones municipales y regionales de 2006, encarnó la aspiración de liderar la gestión de Huaral como candidato del mismo movimiento, sin lograr la victoria. A partir de 2008, el movimiento se inscribió como Partido Humanista Peruano y, durante el periodo 2014-2017, Sánchez ocupó el cargo de secretario general nacional, experiencia que fortaleció su capacidad para articular una agenda de base y coordinar a nivel nacional las iniciativas del colectivo.

Juntos por el Perú

En mayo de 2017, el político decidió sumarse a la nueva coalición de izquierda liderada por Yehude Simon, integrando una alianza amplia que reunió a fuerzas como Fuerza Social, el PCP-Patria Roja y otras organizaciones. Con esa coalición, el nombre de Juntos por el Perú cobró nuevo impulso, y Sánchez asumió la función de presidente del comité ejecutivo nacional, posición desde la cual promovió una visión de convergencia democrática y desarrollo regional. Su figura se convirtió en un motor clave para la cohesión de la izquierda peruana, buscando aprovechar las sinergias entre los distintos actores para enfrentar los desafíos institucionales del país.

La coalición que él ayudó a consolidar se convirtió en un vector de cambio dentro del espectro político, incidiendo en la dinámica de la oposición y en la construcción de un bloque que defendiera la descentralización y la equidad social. La figura de Sánchez Palomino se consolidó como una pieza central en la articulación de una alternativa a la derecha, a la vez que defendía una agenda de inclusión y protección de los sectores más vulnerables.

Congresista

En las elecciones generales de 2021, Sánchez volvió a presentarse, ahora por la lista de Lima Metropolitana dentro de Juntos por el Perú, que formó una alianza electoral con Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza. La coalición logró sumar un porcentaje moderado de votos y llevó a Sánchez Palomino al Congreso para el periodo 2021-2026, tras obtener 29 825 votos y un respaldo de 4,80 % de los votos válidos. Su victoria representó un paso significativo para la consolidación de la presencia de la izquierda en el poder legislativo.

Durante su tiempo en el Parlamento, promovió políticas orientadas a la descentralización, con un énfasis especial en la conectividad entre la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de economías locales. Su labor se enfocó en canalizar los beneficios de proyectos de gran envergadura hacia comunidades agrícolas y pesqueras, con el objetivo de crear empleo y dinamizar los ingresos regionales.

Entre sus iniciativas se destacó la defensa de la participación ciudadana, la defensa de derechos laborales y la búsqueda de mecanismos para aumentar la transparencia en la gestión pública. Su labor como congresista se vinculó estrechamente con la idea de que el desarrollo nacional exige un marco institucional sólido y participativo, capaz de integrar las realidades del interior con las oportunidades de las grandes ciudades.

Ministro de Pedro Castillo (2021-2022)

En el plateado tablero gubernamental de 2021, Juntos por el Perú respaldó la postulación de Pedro Castillo en la segunda vuelta, frente a la candidata Keiko Fujimori. En julio de ese año, Sánchez Palomino fue nombrado y tomó posesión como ministro de Comercio Exterior y Turismo, asumiendo el primer gabinete encabezado por Guido Bellido. Su llegada al Ejecutivo consolidó su presencia como figura de peso en la gestión pública, con responsabilidades que abarcan un amplio espectro de políticas orientadas al crecimiento sostenible del comercio y del turismo.

Durante su paso por el ministerio en los gobiernos sucesivos de Mirtha Vásquez, Héctor Valer, Aníbal Torres y Betssy Chávez, mantuvo la cartera hasta la salida del gabinete tras la crisis institucional que siguió al intento de autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022. En ese periodo, impulsó estrategias centradas en el turismo comunitario para empoderar a asociaciones productoras y familias rurales, además de encauzar la recuperación del sector turístico tras la pandemia. Esta etapa dejó constancia de su interés por un desarrollo equitativo y participativo, con un énfasis en la cohesión entre cultura, economía y empleo local.

Candidatura presidencial de 2026

En las internas de 2025, Sánchez se presentó como único contendiente de su partido y, tras triunfar, emprendió una campaña called “ruta castillista”, un itinerario por zonas alejadas para ampliar la base de apoyo y presentar su visión para el país. Este esfuerzo recibió el respaldo de algunas figuras y movimientos afines, aunque encontró también resistencia en determinadas corrientes políticas. Su estrategia de campaña enfatizó la necesidad de escuchar a las comunidades rurales e urbanas por igual, con un programa centrado en la refundación de la nación.

Durante la contienda, mantuvo encuentros con distintos actores políticos y sociales, y promovió un programa de gobierno que presentó en junio con un equipo técnico ampliado. El plan, presentado como una guía para la gobernabilidad y el desarrollo con equidad, fue objeto de debates entre analistas y votantes indecisos, y generó comparaciones con propuestas de otros momentos de la historia política del país. En el tramo final de la campaña, su mensaje se orientó a ampliar la conversación con los sectores históricamente marginados para cerrar la brecha entre las regiones montañosas y la Amazonía, así como entre las áreas rurales y las grandes ciudades.

En la primera vuelta, que se desarrolló a partir de abril de 2026, su desempeño mostró una progresión sostenida que lo llevó a posicionarse en la segunda plaza a partir del 15 de abril, gracias a un fuerte soporte en zonas rurales que tardaron en consolidar sus datos. En la segunda vuelta, se anunció que su foco estaría en escuchar a las comunidades más excluidas, con la intención de construir puentes entre regiones y promover una defensa más amplia de la inclusión. En ese tramo, algunos analistas señalaron la posibilidad de alianzas con otras fuerzas para consolidar una mayoría en el Congreso. El proceso electoral continuó, con su equipo expresando la voluntad de ampliar la coalición para enfrentar la crisis institucional que vive el país y presentarse como una opción capaz de gobernar con un enfoque de consenso y participación ciudadana.

La campaña de la segunda vuelta dio lugar a entrevistas y pronunciamientos en los que subrayó la importancia de escuchar a las comunidades andinas y amazónicas, y de traducir esas percepciones en políticas públicas concretas. En ese contexto, diversos actores políticos y sociales expresaron interés en respaldar una ruta de trabajo más amplia, que combinara experiencia, continuidad institucional y un nuevo rostro político para enfrentar los desafíos del país.

El impulso de su candidatura estuvo acompañado de visitas a ciudades y pueblos, donde se promovió el debate sobre democracia y desarrollo, y se discutieron posibles alianzas para ampliar el arco de apoyo. En ese marco, se mantuvieron conversaciones con diversas figuras y movimientos políticos que buscaban sumar voluntades para construir una coalición de amplio alcance.

Con miras a consolidar su programa, presentó una segunda propuesta de gobierno, acompañada de un equipo técnico de más de cien profesionales, con integrantes de varias tendencias políticas. Aunque algunos analistas la vieron como un intento de capturar la simpatía de votantes indecisos, otros la interpretaron como una señal de apertura para incorporar voces diversas en la construcción de políticas. En cualquier caso, el conjunto de iniciativas se planteó como un marco para la gobernabilidad y el desarrollo con mayor equidad.

Durante la campaña, recibió apoyo de diversas figuras del espectro político centroizquierdista y también de some sectores independientes, que valoraron la idea de forjar una convergencia amplia para enfrentar la crisis institucional. A lo largo de las actividades proselitistas se observó un esfuerzo por ampliar el alcance territorial, incluyendo encuentros en ciudades intermedias y zonas rurales, y por sostener un discurso centrado en la defensa de derechos fundamentales, la inversión social y la protección de las comunidades más vulnerables.

En la recta final de la campaña, su equipo insistió en la necesidad de recoger testimonios y propuestas de comunidades remotas para enriquecer un plan de gobierno orientado a la equidad y a la reactivación económica regional, sin perder de vista la responsabilidad de fortalecer instituciones y garantizar transparencia en la gestión pública. En ese proceso, anunciaron la apertura a alianzas estratégicas que permitieran ampliar la base de apoyo y enfrentar de forma concertada la compleja situación política del país.

En la campaña de la segunda vuelta, su equipo declaró que la experiencia adquirida en el Congreso y en la gestión ministerial debía traducirse en políticas públicas más cercanas a las familias trabajadoras, a los productores locales y a las comunidades que históricamente han quedado fuera del radar de las decisiones decisivas. Las declaraciones públicas enfatizaron que la verdadera refundación de la nación requería un ejercicio de escucha activa, de inclusión social y de reformas institucionales que fortalezcan la democracia y el desarrollo sostenible.

Controversias

Denuncias por tráfico de influencias

La gestión ministerial de Sánchez Palomino fue objeto de cuestionamientos por parte de exministros y actores del sector, quienes alertaron sobre una supuesta crisis institucional. En distintas publicaciones y testimonios, se señaló la existencia de compras con fondos vinculados al MINCETUR y de posibles gestiones para nombramientos, lo que habría generado presiones para designaciones de personas de confianza. En ese marco, se mencionó la utilización de recursos para fines personales y para allegados, lo que desató investigaciones y denuncias que continuaron moviéndose en el ámbito público y judicial.

Entre las denuncias específicas destaca la afirmación de que la caja chica del ministerio habría servido para gastos corrientes del entorno familiar y de la propia autoridad, según reportes de un programa de televisión de investigación. Estas acusaciones generaron debates sobre la ética en la administración pública y la necesidad de mecanismos de control más estrictos para evitar abusos de poder.

En 2022, surgieron señalamientos en torno a un presunto esquema de pagos para evitar que la esposa de un asesor presidencial revelara información comprometedora sobre actos de corrupción. De acuerdo con declaraciones de un colaborador eficaz, se habría ofrecido una remuneración mensual para mantener a la esposa del asesor fuera del escrutinio público, con registros de numerosas llamadas y encuentros vinculados a ese asunto. La indagación también señaló episodios de llamadas a otros involucrados para influir en testimonios o declaraciones.

Además, otras denuncias mencionaron supuestos contactos con medios de comunicación para influir en la cobertura de acontecimientos políticos, lo que generó una percepción de manipulación de la opinión pública. Aun cuando se presentaron alegatos, ciertos protagonistas argumentaron que algunas comunicaciones estuvieron mal interpretadas o fueron atribuidas de forma incorrecta, lo que dio lugar a procesos judiciales y a la revisión de las pruebas disponibles.

En noviembre de 2022, un exempleado de un medio alternativo afirmó que hubo gestiones para favorecer la salida de un candidato de cierto partido mediante supuestas ayudas económicas y ofertas de empleo. Este testimonio desató nuevas hipótesis sobre prácticas irregulares, que luego se sumaron a la lista de imputaciones que rodearon la figura de Sánchez Palomino y su entorno político.

En enero de 2025, la fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Sánchez y otros actores por eventuales delitos asociados con tráfico de influencias y negociación incompatible, vinculados a la contratación de un colaborador y a beneficios económicos para terceros. Este proceso judicial añadió una capa adicional de complejidad a su trayectoria pública y a la evaluación de su integridad institucional.

El mismo año se le atribuyó haber intervenido en la reorganización de una universidad, junto al rector de la casa de estudios, en el marco de una discusión legislativa sobre la estructura universitaria y las denuncias de nepotismo y corrupción que rodeaban a dicha institución. Esas afirmaciones dieron lugar a debates sobre conflictos de interés y a la necesidad de salvaguardar la autonomía universitaria frente a presiones externas.

Asilo de Betssy Chávez

Un informe de prensa de investigación sugirió que Sánchez habría facilitado la concesión de asilo en México para Betssy Chávez, una figura cercana al intento de autogolpe de Pedro Castillo. La nota indicaba que se realizaron gestiones para coordinar un encuentro entre Chávez y la ex primera dama en un contexto mexicano, buscando apoyo institucional para refugiar a la implicada. A partir de esa acusación, se discutió la responsabilidad de las personas que ocupan cargos públicos en materia de derechos humanos y de políticas de asilo en el marco regional.

Caso Los Niños

De acuerdo con un testimonio de un colaborador eficaz en el expediente conocido como Los Niños, Sánchez habría liderado un grupo de legisladores con el objetivo de orientar votos a favor de Pedro Castillo, en un hecho que ha sido materia de investigación judicial y política. Esta versión ha alimentado debates sobre la influencia de los pactos interpartidarios y la negociación de apoyos para favorecer determinados desenlaces legislativos.

Intento de autogolpe de Castillo

Tras la renuncia ministerial y el intento de autogolpe de Castillo, Sánchez realizó una declaración pública en la que rechazó de forma tajante la acción, afirmando que, por principios democráticos, no podía respaldar una medida que alterara el orden constitucional. A pesar de esa postura, la Fiscalía y otros organismos le atribuyeron participación en el plan, señalando llamadas a periodistas para difundir mensajes a favor del mandatario. En su defensa, sostuvo que no conocía a los comunicadores y que algunas llamadas podrían haberse realizado de manera automática.

La Grandina de las imputaciones dio lugar a debates sobre la veracidad de las pruebas y la responsabilidad individual, y la prensa siguió analizándolo en el marco de una investigación que buscaba esclarecer qué actos ocurrieron y quiénes participaron. En cualquier caso, la controversia dejó en claro que los límites entre influencia política y presión institucional pueden definirse con mayor claridad a partir de futuras resoluciones judiciales.

Coautoría de la Ley 31989

Entre los instrumentos legales que se cuestionaron se encontraba una norma que facilitaba la actuación policial frente a mineros con resoluciones REINFO suspendidos que emplearan material explosivo. Aunque fue presentada como parte de un marco de seguridad pública, la norma recibió críticas por su supuesta relación con prácticas pro-crimen, lo que generó debates sobre el equilibrio entre seguridad y derechos.

Uso indebido de fondos de Juntos por el Perú

Entre las dinámicas de la alianza con Nuevo Perú, se acordó un reparto equitativo de fondos públicos para fortalecer a ambas formaciones. Sin embargo, a mediados de 2021 surgieron señalamientos sobre incumplimientos en esa distribución y el desvío de recursos para fines no acordados. En este contexto, Yehude Simon y otros dirigentes señalaron posibles actos de traición o apropiación indebida de la identidad partidaria.

En 2024, una sesión virtual del Comité Ejecutivo Nacional de Juntos por el Perú abordó el uso inapropiado de fondos para financiar encuentros partidarios. En esa reunión, Sánchez indicó que los fondos deben utilizarse para educación, capacitación y desarrollo institucional, y que para cubrir desplazamientos y estadías de los dirigentes se idearon simulaciones de actividades formativas, una maniobra que generó controversia y llevó a revisar las prácticas de financiamiento interno. En esa misma sesión se anunció la apertura de una alianza estratégica con Antauro Humala, como parte de un intento por fortalecer la cohesión del bloque.

Investigaciones fiscales

Falsificación de documentos

En 2020 se señaló un desvío de aportes de militantes de Juntos por el Perú hacia las campañas regionales y parlamentarias de años anteriores, con transferencias a cuentas personales del hermano de Sánchez y, en parte, a sus propias finanzas. Las pesquisas apuntaron que una cantidad sustancial de esos aportes terminó reflejada en la declaración de gastos de la organización, y que no se consignó todo ante la ONPE. Este hecho pudo haber derivado en cargos por falseamiento de información y por declarar montos no declarados, además de la posibilidad de inhabilitación para dirigir el partido.

La Fiscalía señaló que, en paralelo, existían denuncias sobre la pérdida de libretas de actas y otros documentos relevantes, lo que complicó la verificación de los movimientos de caja y de las cuentas institucionales. Diversas presentaciones ante el poder judicial indicaron que las actas de distintos comités habían desaparecido en diferentes provincias, lo que complicó el seguimiento de gastos y aportes. La defensa sostuvo que las actas podían haber sido extraviadas por causas ajenas a la voluntad de la organización, mientras que las autoridades perseguían esclarecer los hechos.

Durante el proceso, se discutió la posibilidad de que el propio Sánchez fuera responsable de la declaración de 0 soles ante la ONPE, en contraste con la estimación de gastos que la fiscalía atribuyó a otros conceptos. En paralelo, se mencionó la eventualidad de que los plazos del procedimiento fueran prorrogados o modificados por circunstancias procesales, generando un marco de incertidumbre sobre la continuidad de las investigaciones.

El tribunal competente programó la apertura de un juicio para un período posterior; entretanto, la fiscalía solicitó la pena de prisión por la naturaleza de los cargos, así como la inhabilitación para ejercer cargos directivos en organizaciones políticas. A su vez, se señaló que el hermano de Sánchez había presentado denuncias por supuesta pérdida de actas en varias provincias, lo que añadió un componente de disputa sobre la integridad de la documentación interna.

Caso Mochasueldo

Otra línea de indagación giró en torno a presupuestos inflados para sueldos y a la contratación de personal ligado al partido, con pagos superiores a ciertos umbrales y órdenes de servicio que alcanzaron montos elevados. Se señaló, además, que la esposa de Sánchez ocupó un cargo de técnico en administración en un ministerio, con un salario que habría superado los límites legales y sin acreditar el requisito académico correspondiente. Este conjunto de señalamientos dio lugar a investigaciones y a archivamientos parciales, que generaron cuestionamientos sobre la gestión de recursos y la supervisión de los procesos de contratación.

Con el transcurso del tiempo, algunas querellas fueron archivadas por irregularidades en el proceso de citaciones de las partes denunciantes, generando debates sobre la transparencia del sistema judicial y el manejo de las investigaciones por parte de la fiscalía. Aun así, la conversación pública se mantuvo centrada en la necesidad de un escrutinio independiente y una rendición de cuentas más rigurosa para las formaciones políticas.

Posiciones políticas e ideológicas

Miembro de la izquierda y de una corriente que se autodefine como socialcristiana, Sánchez Palomino ha defendido el acceso universal a la educación y a la educación superior, junto con un incremento sostenido de la inversión en el sector educativo como herramienta para la movilidad social y la reducción de desigualdades. Asimismo, ha destacado la importancia de basar las políticas públicas en evidencia científica y de adoptar enfoques que integren datos y resultados medibles. En el plano económico, ha propuesto formalizar la economía informal como medio para ampliar la base tributaria y financiar proyectos de desarrollo local y educación.

En materia de seguridad, aboga por una reforma policial comprehensiva, un rol activo de las fuerzas armadas en contextos adecuados y la derogación de leyes que, a su juicio, dificultan la lucha contra la criminalidad, siempre observando los derechos humanos y el debido proceso. Considera que la estabilidad institucional y el fortalecimiento del sistema judicial son piezas centrales para mejorar la seguridad ciudadana y el clima de confianza en las instituciones.

Historial electoral

La trayectoria de Sánchez Palomino en las urnas se ha caracterizado por varios intentos y por la consolidación de una presencia más persistente en el Congreso a partir de 2021. Sus candidaturas y participaciones reflejan un esfuerzo por integrar a las voces del interior del país en una estrategia de construcción de poder que conecte las regiones con las políticas nacionales. A lo largo de los años, ha buscado ceremonias, foros y debates que permitan presentar un programa orientado a la equidad, la descentralización y la creación de oportunidades para los sectores más vulnerables.

En síntesis, la biografía de Roberto Helbert Sánchez Palomino dibuja a un profesional que hizo de la psicología y de la gestión pública herramientas para un proyecto político de izquierda con eje en la inclusión social, la transparencia institucional y la corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades. Su mirada se ha ido afinando en la interacción entre el terreno social y el marco normativo, buscando, una y otra vez, traducir las necesidades reales en políticas públicas robustas.